La prevención situacional no es un concepto elegante para seminarios, es el arte práctico de administrar el espacio para reducir opor- tunidades del delito. Y eso parte por reconocer una verdad incómoda: el crimen no solo se combate con patrullajes, también se combate con orden.
El entorno habla. Si el barrio luce abandonado, el mensaje es claro para el delincuente y para la víctima: la vigilancia comunitaria está rota y el Estado no está presente. Esa "sensación" de inseguridad no es histeria; es lectura racional del territorio.
Por eso sorprende lo liviano que suele ser el levantamiento. Muchas veces se reduce a un listado de problemas sin jerarquía, sin responsables, sin plazos y, sobre todo, sincomprensión de cómo se conectan entre sí.
Una luminaria mala no es solo un foco apagado: es un multiplicador de riesgo. Un sitio eriazo no es solo falta de aseo: es un escenario para esconderse, para consumir, para reducir visibilidad y aumentar im- punidad. Un semáforo desregulado no es solo un problema de tránsito: es un punto donde el desorden normaliza lo irregular y la gente se acostumbra a cruzar "como se pueda", a resolver a la mala, a vivir con la tensión constante. Ese aprendizaje colectivo es corrosivo: la comunidad internaliza que la regla no rige.
Y aquí aparece el gran punto ciego de mu- chos diagnósticos: la situación de calle. Se habla de seguridad como si el fenómeno fuera un accesorio, un asunto "social" ajeno a la prevención. No lo es. La gente en situación de calle -personas que han caído en el desamparo por rutas durisimas- vive en la primera línea del abandono urbano. Cuando ese abandono se cruza con alcoholismo y drogadicción, el problema no es moral, es estructural. Se forman microzonas donde el consumo es permanente, donde el control social se debilita, donde el espacio público deja de ser de todos. Y entonces el barrio se reconfigura: las familias evitan pasar, los negocios cierran temprano, el parque pierde niños, la plaza deja de ser plaza.
Lo que casi nadie se atreve a decir con claridad es que las organizaciones criminales no solo "aprovechan" estos entornos: los administran. Hacen uso-y abuso-de personas vulnerables para tareas de bajo costo y alto reemplazo: vigías, delivery del microtráfico, "custodios" de puntos, intermediarios. ¿Por qué? Porque es un engranaje eficiente: baja exposición del cabecilla, alta rotación, mínima inversión. Y porque el entorno ya está degradado: nadie se sorprende si alguien merodea, si alguien ofrece, si alguien grita, si alguien pelea. En un lugar ordenado, todo eso salta a la vista. En un lugar abandonado, se mimetiza.
Aquí conviene ser justos: las policías hacen su trabajo, y muchas veces más de lo que se ve. Pero exigirles que resuelvan lo que es, en el fondo, un problema de gestión urbana y social es empujarlas a un fracaso anunciado. Carabineros y PDI pueden sacar a un vendedor, detener a un receptor, incautar droga, levantar una investigación. Pero si el punto sigue oscuro, sucio, sin control de comercio ambulante, con basura acumulada y con ocupación irregular tolerada, el sistema se rearma. El delito, como el agua, vuelve a llenar el espacio que se le deja.
El debate se enreda porque confundimos compasión con permisividad, y orden con "mano dura". No es lo mismo. Abordar la si- tuación de calle con seriedad implica empadronamiento real, seguimiento, derivación, coordinación de salud mental, consumo problemático, oferta de albergue, rutas de atención y, sí, límites claros sobre el uso del espacio público. No por castigo, sino por protección: protección para quienes viven en calle y para quienes viven alrededor. Sin empadronamiento, todo es discurso. Sin datos, todo es intuición. Sin ruta institucional, todo es parche.
Lo mismo ocurre con el comercio ambulante cuando se desregula y se toma calles completas: no se trata de demonizar al que busca sobrevivir, se trata de entender que el desorden es un caldo de cultivo para delitos anexos: receptación, contrabando, extorsión, puntos de venta camuflados, cobros informales por "seguridad". Cuando el espacio se privatiza de facto, aparecen administradores de facto. Y ahí la comuni- dad pierde.
Entonces, ¿qué falla en los levantamientos?
Falla el enfoque. Se mira el síntoma, no el ecosistema. Se fotografia el problema, pero no se diseña la intervención con secuencia y control. Se convoca a mesas, pero no se ejecuta con métricas. Se promete coordinación, pero cada institución opera con su calendario, su presupuesto, su urgencia política. Y la calle, mientras tanto, no espera.
La prevención situacional requiere algo simple y casi revolucionario: gestión. Una matriz territorial con prioridades, responsables, tiempos y verificación pública. Si una luminaria está mala, ¿quién la arregla y cuándo? Si el sitio baldío es foco de riesgo, ¿quién limpia, Si hay semáforos sin funcionar, ¿cuál es el plan de mantención y respuesta? Si hay basura acumulada, ¿cuál es la frecuencia real de retiro y el control de microbasurales? Si hay ocupaciones irregulares, ¿cuál es el protocolo? Y si hay personas en situación de calle con consumo problemático, ¿cuál es el circuito de atención y el equipo de calle que interviene, sin romantizar y sin abandonar?
La crítica de fondo es esta: estamos al debe en el manejo de los espacios. Y eso no es un detalle urbano, es seguridad. Los barrios no se pierden de un día para otro; se pierden cuando el Estado y la comunidad se acostumbran a que lo básico no funcione. Cuando lo básico falla, lo ilegal prospera. Cuando lo ilegal prospera, la gente decente se repliega. Y cuando la gente decente se repliega, el barrio se rinde.
No necesitamos más diagnósticos que terminan en un archivador. Necesitamos levantamientos que sean un contrato con la realidad: intervenir, mantener y sostener. Porque la prevención situacional no es una campaña, es una disciplina cotidiana. Y hoy, en demasiados sectores, esa disciplina está ausente.
Si no recuperamos el orden mínimo del espacio, cualquier estrategia contra el delito seguirá siendo una carrera cuesta arriba, con la comunidad mirando desde la vereda y preguntándose, con razón, por qué siempre llegamos tarde.
Patricio Meza García, Administrador en Seguridad Pública.
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